La economía colaborativa, podría decirse, ha existido siempre: en la era preindustrial, quien disponía de una carreta y tenía que hacer viajes entre dos pueblos, difundía información sobre el espacio sobrante para que otras personas lo aprovecharan y los gastos del viaje se distribuyeran entre más beneficiarios del transporte. En épocas más recientes, ya con vehículos de motor, no ha sido raro que el dueño acepte pasajeros extra que compartan con él los costos, como tampoco que quien tiene una casa de descanso la rente o preste a cambio de recibir ayuda para el mantenimiento.
Sin embargo, estos intercambios dependen de la red de conocidos que cada quien tenga, la cual suele ser muy limitada. Ampliar las posibilidades a desconocidos implica dos problemas: la confianza y los medios para difundir la oferta. La llegada de las tecnologías de información masivas y las redes sociales ha permitido ampliar exponencialmente la red, la información y los intercambios. Las redes proveen el mecanismo de intermediación para conectar oferta y demanda, salvando la barrera de la desconfianza con un acervo de datos y calificaciones que permiten medir mejor el riesgo.
Hemos entrado, así, a la era de la economía colaborativa basada en plataformas electrónicas, que permite convertir bienes de consumo en activos de capital (para los oferentes) y ampliar las oportunidades y reducir los costos (para los demandantes). Las empresas que diseñan y operan las plataformas reciben un porcentaje de la transacción.
La proliferación de estas plataformas ha sido muy veloz, gracias a la aceptación que han encontrado en el público, y a su vez ha provocado protestas airadas de los prestadores tradicionales de servicios, sobre todo taxistas y hoteleros, que ven amenazado, justificadamente o no, su modo de vida y han acusado a las plataformas de “competencia desleal”. Se ha explorado mucho el nivel de satisfacción de los consumidores, pero menos el de los oferentes. Presentamos aquí dos testimonios reveladores de su experiencia, que ponen de manifiesto las ventajas del sistema y apuntan hacia los dilemas del futuro inmediato.
Roberto Núñez participa en Airbnb desde hace cuatro años, con un departamento propio en una zona privilegiada de la colonia Roma. Tanto el sitio web como la aplicación le han funcionado siempre sin problemas, y el esquema le ha permitido obtener hasta tres veces lo que hubiera ganado con una renta tradicional. Ahora ha rentado la parte trasera de una casa grande, poco atractiva como vivienda permanente y que por lo mismo estaba desocupada, y la ha transformado en tres espacios para ofrecer en Airbnb. Es decir, ha convertido un activo muerto en un activo que genera flujo.
Otros inversionistas con mucho más capital han detectado la oportunidad: Roberto cita el caso de un edificio completo, también en la Roma, que ha sido acondicionado para Airbnb, con recepcionistas, botones, servicio al cuarto, etcétera. Esto, afirma, “desvirtúa el concepto”. “Ya no es Airbnb, es un hotel disfrazado en el que contacto con el dueño y eso es precisamente de lo que huyen los usuarios de Airbnb”. Roberto no puede competir con estas inversiones, ni quiere.
A la pregunta de si cree que la plataforma debiera prohibir este esquema, dice que no es fácil que lo haga, pero señala la regulación gubernamental en otras ciudades: en Nueva York, solo se pueden inscribir a Airbnb habitaciones libres de una casa o departamento ocupado, no la propiedad entera; en otros lugares únicamente puede haber una propiedad por oferente. En la Ciudad de México, la falta de regulación ha provocado una severa sobreoferta en el mercado: tan solo en su edificio hay tres o cuatro departamentos más en Airbnb, y eso molesta a los vecinos, que sienten su espacio convertido en una especie de hotel, con vecinos fugaces a los que nunca conocen. Como resultado de la sobreoferta, los precios han caído, excepto para quienes ofrecen un “plus”: ubicación excepcional, arquitectura destacada, atención personalizada, servicios adicionales. En síntesis, el sistema funciona y cumple, pero ahora se enfrenta a los retos del crecimiento desordenado y no regulado.
Felipe Mauricio, por su parte, ofrece en renta un auto en la plataforma (de origen mexicano) Carrot, específicamente en una modalidad llamada “Carrot Share”, en la que el auto no es propiedad de la empresa, sino de un particular. La experiencia de Felipe también es muy satisfactoria: le rentan el auto sobre todo los fines de semana, cuando él menos lo necesita, y jamás ha tenido problemas con los usuarios o la plataforma. Cabe señalar que el autor de este artículo ha usado el sistema, que para el usuario presenta innumerables ventajas contra la renta tradicional de autos: el trámite es expedito, no se firman papeles, el seguro del auto está incluido en el costo, y en consecuencia el precio es mucho menor, además de que se pacta el lugar de recepción y entrega.
Felipe no tiene problema con que otras personas inscriban varios autos, siempre y cuando sean usados: “El objetivo de Carrot Share es ya no meter más autos a la circulación, sino aprovechar los que ya existen”. Es un objetivo con implicaciones viales y medioambientales. Él mismo pretende obtener crédito para meter más coches usados, pero todavía quiere ver cómo evoluciona la confianza de los demandantes.
Estos testimonios, aunque insuficientes para sacar conclusiones generales, apuntan los temas inmediatos de regulación y autorregulación de esta naciente industria, que tantos beneficios parece aportar a los participantes en la economía. Valdría la pena conocer más.