Ser y no ser al mismo tiempo resulta imposible. Estar y no estar, tres cuartos de lo mismo. El Reino Unido lleva varios años conjugando verbos contradictorios con el beneplácito de la Unión Europea (UE), que le ha permitido —por interés económico y estratégico— ser (para los asuntos que interesan al país y a la Unión) y no ser (para aquellos que no interesan al Reino Unido). La situación del país anglosajón en el marco europeo siempre ha sido excepcional. Se ha mantenido en un delicado equilibrio mientras la posición de los euro-escépticos ha ido ganando terreno, más por consideraciones de pérdida de soberanía que por los datos que se esgrimen en materia económica o de inmigración.

Se ha criticado la iniciativa del primer ministro, David Cameron, de convocar un referéndum para que los ingleses se pronunciaran sobre su deseo de quedarse o de irse. Indudablemente fue arriesgada, pero más por no condicionar la consulta a algunos parámetros que permitieran arrojar resultados contundentes que por la consulta en sí. No parece razonable que —en una decisión con importantes consecuencias en los ámbitos político, social, económico y estratégico— no se hayan exigido ciertos porcentajes de participación y respuestas en un sentido para que fuera vinculante. Y así, con solo cuatro puntos de diferencia (52% frente a 48%), y con una participación del 72%, el electorado ha decidido que el Reino Unido debe salir de la UE. Pero la pregunta no ha hecho más que hacer evidente un problema latente.

El creciente sentimiento euroescéptico se ha ido acrecentando en los últimos años a causa de la economía y de la inmigración que son, no por casualidad, las dos crisis más importantes que enfrenta la UE. Quienes han defendido la salida del Reino Unido se han esforzado por hacer creer que al país le iría mucho mejor fuera de la Unión y que así se podría encarar mejor la crisis económica. Sin embargo, la aportación del país anglosajón al presupuesto de la Unión es del 0.35% del PIB en 2015, un ahorro que difícilmente podrá paliar la pérdida de entre el 6% y el 9% del PIB como consecuencia de la salida, al menos en el corto plazo. Los euroescépticos consideran que la City londinense seguirá siendo un centro neurálgico financiero fuera de la Unión. Si lo es, tiene que ver, fundamentalmente, con que las multinacionales que invierten en ese país no tienen que pasar aranceles cuando exportan al resto de la Unión. Y que algo más del 51% de las exportaciones que se hacen desde el Reino Unido tienen como destino otros países de la UE, frente al poco más del 6% que hacen el recorrido contrario. Finalmente, los partidarios de abandonar la UE han mantenido que esta situación se podría compensar con la firma de una nueva relación comercial con Estados Unidos, extremo que ya ha descartado el presidente Obama. Otra cuestión es qué hará quien dirija la Casa Blanca tras las próximas elecciones. En todo caso, al día de hoy la relación comercial que el Reino Unido tiene con Europa no es equiparable a la que mantiene con Estados Unidos.

El segundo motivo que han alegado los defensores del Brexit, también relacionado con la economía, ha sido la inmigración, uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos ingleses. Consideran que es la responsable de la subida de precios de las viviendas (porque aumentan la demanda en un país con una oferta inmobiliaria muy limitada) y que hace peligrar los servicios públicos. Sin embargo, apenas un ocho por ciento de los 64 millones de ciudadanos no son ingleses. La mitad procede de la UE y, como es lógico —salvo las excepciones que se pueden encontrar en cualquier país—, también paga sus impuestos.

El tercer motivo para salir de la UE ha tenido que ver con la soberanía. Aquí es donde está la clave, porque este asunto no solo preocupa a quienes han querido abandonar sino también, curiosamente, a quienes se han querido quedar. Esto es lo que ha convertido al Reino Unido en un problema permanente. Los partidarios de salir siempre se han opuesto a las exigencias de la UE, que no han visto como obligaciones lógicas por pertenecer a un club al que se han adherido voluntariamente sino como injerencias. Pero los partidarios de quedarse han abogado por hacerlo a cambio de privilegios. Es decir, estar para unas cosas y no para otras. De hecho, y con la excusa de que así se aplacaría el sentimiento antieuropeo, la UE cedió a las exigencias de David Cameron de potenciar políticas que prioricen los intereses económicos del Reino Unido, ampliar la soberanía del país en detrimento de la Unión, y poder discriminar los derechos de los inmigrantes de la UE en el Reino Unido.

La decisión de los ingleses ha provocado, a corto plazo, la caída de las bolsas y el hundimiento de la libra con el consiguiente daño en las inversiones. A mediano plazo, deberán compensar una pérdida de 40 mil millones de euros mediante ajustes en los presupuestos de educación, sanidad y defensa, y una subida generalizada de impuestos. A largo plazo, habrá que articular la salida de la UE y definir el nuevo marco de relación, al tiempo que las multinacionales con sede en Londres determinan la conveniencia de mover sus oficinas al territorio comunitario. Se abren cuatro posibilidades: un acuerdo de libre comercio con la UE (aunque es difícil que consiga la aprobación por unanimidad de los países europeos); seguir el modelo de relación que mantienen Islandia, Noruega y Liechtenstein (esto es poco probable, porque incluye la libre circulación de trabajadores y la obligación de trasponer la legislación europea); adoptar el sistema suizo (que también obliga a trasponer y, además, no incluye la libertad de servicios, el sector más importante para Reino Unido); o seguir el modelo turco, parecido al suizo, pero sin libertad para los trabajadores y sin poder aprovechar los acuerdos de la UE con terceros países.

A la crisis económica que atraviesa la Unión desde hace varios años se ha sumado la crisis de los refugiados (por la incapacidad de gestión, la falta de previsión y la más escandalosa muestra de insolidaridad) y la provocada por el Brexit. La UE enfrenta la situación más delicada, quizá, desde su creación, que pone en entredicho los valores fundacionales y constata la dificultad de avanzar en un proceso que es mucho más complejo que una unión monetaria. La unión económica (con un presupuesto europeo y un Banco Central Europeo que actúe como tal) sigue siendo un lastre que hace imposible la unión política por el recelo continuado de buena parte de los países a ceder soberanía nacional en beneficio de otra supranacional.

Lo ocurrido con el Reino Unido prolongará una situación de inestabilidad; un cuestionamiento continuado sobre cómo deben ser las cosas. Los resultados no zanjan un debate sino que lo avivan. Está por verse si otros países utilizarán lo que ha pasado como elemento de desestabilización para lograr ventajas a costa de la Unión a la que voluntariamente han querido adherirse; si los euroescépticos convencidos (y los populistas, dispuestos siempre a hacer caja electoral a costa de cualquier cosa) fuerzan consultas sobre la permanencia en otras latitudes del continente; si los jefes de Estado y de Gobierno lo consideran como un bache en el camino —que no precisa cuestionar los principios fundamentales y que se soluciona con más unión— o como un motivo para repensar todo y valorar la conveniencia de una Unión con distintas velocidades y grados de adhesión, compromiso, obligaciones y derechos. Y está por verse si, además, el Reino ‘unido’ deja de estarlo. 

* Director del Centro de Estudios Superiores en Comunicación y Marketing Político (Madrid, España), periodista y analista en Televisión Española (TVE).