A lo largo de nuestra historia, los acuerdos comerciales han contribuido a esculpir la fisonomía del país. Su importante relación con el proceso de desarrollo nacional merece algunas consideraciones:
México se encuentra entre los diez primeros exportadores e importadores del mundo y ocupa el primer lugar en América Latina. En 2013 aportamos 2.02% de las exportaciones del mundo y 2.07% de las importaciones. En conjunto representaron 2.0% del PIB mundial.
El escaso valor nacional que incorporan nuestras exportaciones está al fondo del déficit crónico de nuestro comercio exterior que deja sin explotar el potencial de nuestros recursos. Significa además una insuficiente generación de empleos.
La gradual desaparición de la era petrolera y con ella uno de los parámetros principales de la economía mundial, anuncia una nueva etapa en la evolución del comercio exterior del país que debe orientar a las políticas públicas de diversificación de productos y mercados.
Evolución de nuestro comercio exterior
Desde antes de la llegada de los españoles, el comercio de los pochtecas se extendía hasta la actual Nicaragua e informaban al huey tlatoani lo que observaban en sus viajes, en los que confirmaban útiles alianzas. Los mayas se valían también de comerciantes experimentados que, según algunos, llegaron hasta el Darién.
Desde su inicio, la Nueva España comerció con el oriente europeo y, al poniente, con la muy lejana Asia. La corona participaba en todas las actividades mercantiles por conducto de la Casa de Contratación de Indias en Sevilla y luego del Consulado del Mar de Barcelona. Las minas de América mandaron oro y plata a Europa, lo que provocó la primera inflación de la historia. Se calcula que entre 1503 y 1660, únicamente por Sevilla, pasaron 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata.
Las flotas cruzaban el Atlántico llevando artículos exóticos como cacao, vainilla, grana de cochinilla, maderas finas, palo de tinte, piedras preciosas o plumería. El galeón de Filipinas completaba la primera globalización del mundo trayendo las maravillas de marfiles, lacas, sedas, muebles y especias a las ferias de Acapulco, El Callao, Portobello o Sevilla. Los documentos consignan los tratos con comerciantes árabes, indios, chinos o malayos en las islas de San Lázaro, luego bautizadas Filipinas. En Manila, la Nao consolidaba las cargas reunidas de toda Asia.
Ya independiente, nuestro país firmó 1823 el Tratado de Amistad y Comercio con Colombia en 1823. Amplió sus exportaciones con telas, manufacturas de algodón y cuero, granos y despuntaron las primeras industrias. Siguieron Tratados de Comercio con Reino Unido (1837), el Imperio Alemán (1874) y Francia (1886).
En 1870, el PIB per cápita de un México, aún agrícola, equivalía a 27.6% del de Estados Unidos y a principios de la década de 1900 era ya el 37%, a la par por cierto con el de Argentina y Uruguay, y casi tres veces mayor que el de Brasil o Venezuela. El crecimiento económico anual era 3.3 %. En 1884, 60% de la exportación (de 46,671 mil pesos) era mayormente barras de plata, al lado de materias primas como guayule, henequén o chicle, sin olvidar los tintes de Campeche. Muy a principios del siglo XX, las industrias mostraban el progreso que Porfirio Díaz promovió mediante inversiones principalmente europeas.
La Revolución de 1910 no afectó demasiado nuestro comercio exterior, que mantuvo las tradicionales exportaciones de plata. Pasada la etapa militar y recuperados de la epidemia de influenza española de 1918 y del éxodo de miles conciudadanos, el comercio externo se dedicó a obtener divisas para una hacienda pública fuertemente endeudada. Se registró un vigoroso aumento de población a la que había de ofrecer trabajo. Creció la importación de maquinaria y equipo industrial al lado de la de bienes de consumo. En la primera mitad del siglo XX, los aranceles de importación aportaban la mitad de los ingresos del Estado.
La nacionalización petrolera de 1938 notificó al mundo que México tomaba las riendas de su propio desarrollo. El comercio exterior ya representaba 10% del PIB. Rivera, Siqueiros y Orozco reprodujeron el impulso innovador en las escalinatas y corredores de los edificios públicos.
En la Segunda Guerra Mundial, surtimos la economía bélica de Estados Unidos con plomo, zinc, cobre, y también con ganado, textiles, uniformes, algodón y azúcar. Las restricciones que Estados Unidos impuso a sus ventas de equipos y materiales estratégicos al exterior redujeron nuestras compras de maquinaria y herramientas, por lo que los saldos acumulados de nuestras ventas, inutilizables durante las hostilidades, inflaron las reservas monetarias que, aunque devaluadas, como lo constató don Eduardo Villaseñor, del Banco de México, servirían luego para financiar la industrialización del país que exportaba más manufacturados.
Ajustes internos y política externa
En 1954 Gilberto Loyo, secretario de Economía, expidió la Ley de Fomento de “industrias nuevas y necesarias” con incentivos fiscales y administrativos, financiamientos blandos, impuestos y permisos a la importación, precios oficiales y financiamientos atractivos otorgados por Nacional Financiera (1934) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (1937), tal y como lo había hecho en 1830 el Banco de Avío fundado por Lucas Alamán. El gobierno fue participando activamente en las empresas que apoyaba. Se exploraban los mercados del Caribe y centroamericanos.
El impulso más integral llegaría con el “desarrollo estabilizador”, programa así bautizado por su creador Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda que desde 1952 hasta 1970 mantuvo un crecimiento promedio del PIB de 6.6% y una inflación anual de 2.2 por ciento.
Ese modelo de desarrollo, que mantuvo en el poder al partido oficial (PRI), se basó en un firme control gubernamental sobre las centrales obreras, campesinas y de organizaciones populares, y se completó con una disciplinada burocracia, donde el magisterio jugó un papel estratégico al asegurar éxitos electorales a todo nivel. El irrepetible circuito se cerraba gracias a un empresariado nacionalista muy convencido.
A fines de los sesenta, predominaban todavía las exportaciones agrícolas, ganaderas y mineras. Las importaciones eran principalmente de bienes de consumo y de capital y con ellas llegó el déficit comercial. Aunque la estrategia había logrado muchos de sus objetivos económicos, no había una política integral de comercio exterior.
En 1950 la población era ya de 25.8 millones. La mayoría, todavía rural, carecía de suficiente poder de compra, lo que estrangulaba la generación de empleo. Los compradores que faltaban se buscaron en el exterior.
Fue así como, a su regreso de una gira por Sudamérica a principios de 1960, el presidente Adolfo López Mateos anunció que participaríamos en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, un gran mercado regional de intercambios de mil 58 millones de dólares. El proyecto continental realizaba la Anfictionía latinoamericana soñada por Simón Bolívar que convocó el Congreso de Panamá en 1826.
El Tratado de Montevideo, firmado por once países de la región, habría reducido tarifas de importación para crear una zona de libre comercio como la que diez años antes se había creado en Europa con el Tratado de Roma. La integración extendería a todo el continente el mercado para nuestra industria.
La zona debió completarse en doce años; sin embargo, en 1968 las partes habían agotado su interés en el gran proyecto. Los gobiernos “habían hecho su tarea”, como lo expresó el presidente chileno Eduardo Frei, pero los empresarios de los países más grandes solo se preocupaban por consolidar sus propios programas. La proyección latinoamericana era incidental para ellos. Relegado el ideal del “zollverein” latinoamericano, este quedó reducido a tratados subregionales y por la Asociación Latinoamericana de Integración (1980), la sucesora que reunía trece países del continente con 500 millones de habitantes y que para 2018 registraría un comercio intrarregional por más de 120 mil millones de dólares en el que México aumentó 11% su participación.
De nuevo nos enfrentábamos solos ante la tarea de dar ocupación a millones de campesinos desarraigados que demandaban un modo digno para sobrevivir. El muy dinámico crecimiento demográfico dio origen al problema de desempleo. Una feliz coincidencia, sin embargo, salvaría la situación. Al tiempo que se firmaba el Tratado de Montevideo (1960), en Ciudad Juárez se levantaban, en asociación con el Programa Nacional Fronterizo (PRONAF), espaciosos galpones para alojar las primeras maquiladoras para recibir a miles de campesinos expulsados del campo por el reparto de tierras de la Reforma Agraria, “población redundante” como Josué Sáenz, director de Estadística, llamaría a los antiguos “braceros” que emigraron al norte.
Al igual que las armadoras irlandesas que exportaban automóviles al mercado mundial, se instalaron en la frontera chihuahuense, a partir de los sesenta, cientos de empresas estadounidenses con el propósito de completar sus operaciones y reforzar su competitividad a partir de los salarios bajos y las exenciones aduanales del proyecto mexicano.
La mano de obra campesina, mucha de ella llegada del sur, se adentró al mundo industrial para ensamblar artículos para exportación con piezas importadas bajo la Regla XIV. Esta fórmula superó a las demás y pronto fueron creándose miles empleos. Las ensambladoras, autorizadas por diversos acuerdos, resolvieron el reto del desempleo, pero a costa de acentuar la dependencia de nuestro desarrollo y el comercio exterior a las decisiones del mercado estadounidense.
Al no ser parte de una política más general de desarrollo, las maquiladoras dejaban sin explotar el amplio potencial productor de los recursos humanos y naturales. Aumentaban las estadísticas de exportación, no así la fuerza económica de México.
México se hallaba, como lo diría Raúl Prébisch, en la periferia del mundo. Pese a los éxitos macroeconómicos obtenidos, no había respuesta a las inquietudes sociales en la industrialización que la visión empresarial dirigía. El camino para romper el círculo vicioso del subdesarrollo tenía que pasar por fabricar y exportar artículos manufacturados con un alto valor agregado. Según la CEPAL se requería un contenido nacional promedio mayor a 40% para alcanzar el nivel de ocupación requerido por el país.
La nueva visión
El “desarrollo estabilizador” promovió la economía, pero dejó crecer inquietudes sociales por varios años, especialmente entre los jóvenes. Coincidente con episodios similares en Europa y Estados Unidos, en vísperas de la XIX Olimpiada se suscitaron hechos violentos en Ciudad de México aquel octubre de 1968. La división social era aguda y en 1970 el presidente entrante tenía que encontrar una pieza que propusiera nuevas metas socioeconómicas a la nación.
El presidente Echeverría encontró en el comercio exterior la respuesta y la promoción de las exportaciones se colocó en su sexenio como motor central del progreso. La creación del Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), ideado por el licenciado Carlos Torres Manzo, tuvo por objeto resolver el desorden de los apoyos oficiales para el comercio externo y encauzarlas al desarrollo nacional. Antecedentes fueron el Japan External Trade Organisation (JETRO), y el Instituto di Commercio Estero d´Italia. La estrategia era canalizar en un solo ente los respaldos que el gobierno daba a la exportación. Integrado su Consejo de Administración con representantes de los sectores público y privado, el IMCE coordinó las actividades públicas y de la iniciativa privada en prácticamente todos los aspectos, y fases internas y externas del comercio.
Los consejeros comerciales del IMCE promovieron ventas al exterior, mientras que los representantes y comisiones estatales estimularon una oferta exportable competitiva. Se hicieron ferias nacionales y extranjeras, así como una exposición sobre la sustitución de importaciones.
En los primeros seis años del IMCE las exportaciones aumentaron en promedio 17% anual. De 14 mil 703 millones de pesos en 1970, llegaron a 51, 905 en 1976. Se había avanzado en la composición de los artículos, la participación regional y la diversificación de las ventas, subiendo la participación de países europeos, mientras que las exportaciones a Estados Unidos bajaron de 70% en 1970 a 62% en 1976. Pero las importaciones crecerían a un ritmo superior.
En un inesperado viraje los presidentes José López Portillo y Miguel de la Madrid regresaron al concepto clásico de libre mercado. Se redujeron los apoyos a la exportación, así como a la actividad del IMCE. El comercio exterior respondería solo a las decisiones del empresario. Sobraba una institución oficial promotora. También faltaba una política industrial: “la mejor era la que no existía”. Volvía el laissez faire. En 1985 un simple decreto presidencial extinguió la ley aprobada por el Congreso y al IMCE creado a su amparo. Coincidía con la entrada al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés).
El ingreso de México al GATT
La estrategia financierista que dejó al comercio exterior sin apoyos institucionales continuó hasta 1985 cuando, por insistencias de Estados Unidos, nos adherimos al GATT, entidad nacida de la Carta de la Habana de 1948, de la que México fue signatario.
López Portillo se opuso a entrar al “club de ricos”, donde suponía que el interés de México siempre sería marginado. El ala izquierda del gabinete combatió con fiereza la membresía. El presidente De la Madrid fue objeto de nuevas presiones y las consultas organizadas por el Senado de la República favorecieron el paso. Se argumentó que la protección excesiva a la industria nacional impedía ofrecer al consumidor productos de calidad a precios internacionales y que los industriales habían abusado del favor oficial. Había llegado el momento de abandonar el proteccionismo y abrirnos a los vientos de la competencia internacional. Las reglas del GATT sustituyeron las políticas nacionalistas.
El repentino desarme al 80% de las tarifas a la importación dejó desnuda a la producción y exportación nacionales frente a la competencia extranjera. Esta inversión de paradigmas llevó a la desaparición de las empresas de participación estatal, la privatización de los servicios públicos y a la mayoría de los bancos de desarrollo. La apertura condenó a muchas empresas a desaparecer o ser absorbidas por firmas foráneas. Las inversiones extranjeras se hicieron más presentes y cambiaron la fisonomía misma del mercado nacional, tanto para familias como para industrias.
Una serie de tratados comerciales habrían de suplir las promociones oficiales de comercio exterior. Se firmaron acuerdos de importancia como el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TLCAN) en 1993, que entró en vigor el primero de enero de 1994. Otros acuerdos fueron el de Coordinación y Cooperación con la Unión Europea de 1997 con su controvertida “cláusula democrática”, y el tratado que registró a México como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (1994). Años después, el presidente Peña Nieto firmó el Tratado de Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), cuya vigencia arrancó el 30 de diciembre de 2018, y la Alianza del Pacífico (2014) que nos uniría con Perú, Colombia y Chile.
El nuevo gobierno
Las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2018 entregaron una aplastante victoria a Andrés Manuel López Obrador, quien desde el inicio de su administración cuestionó las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores. El presidente electo anunció su propósito de encabezar una profunda transformación del país, la cuarta de su historia.
Las condiciones económicas mundiales no eran halagüeñas: la Organización Mundial de Comercio preveía una reducción de 2.6% en el volumen del comercio mundial de mercancías. Debido a esa desaceleración, hubo recesión económica durante varios trimestres y el PIB de 2019 no tuvo crecimiento. El Banco de México pronosticaba que el crecimiento en 2020 difícilmente superaría el 1%. El crecimiento promedio de las economías latinoamericanas mantuvo un promedio anual de 2 por ciento.
Aunque su rechazo al neoliberalismo continúa firme, el presidente de la República sabe que la solidez financiera es necesaria para la Cuarta Transformación. Se respetan con cauteloso pragmatismo las decisiones de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, dato importante para las calificadoras financieras internacionales. El gobierno ve en los amplios y generosos programas sociales el mejor antídoto a la “atonía” económica.
Condiciones del comercio exterior
En contraste con los años ochenta, cuando el petróleo y sus derivados constituían el 70% de las exportaciones, hoy el panorama es diferente: el sector manufacturero aporta más de 80% de las ventas al exterior y 40% de la ocupación se relaciona de alguna manera con las exportaciones. Nuestra oferta al exterior es aún limitada. En 2018, 50 productos aportaban 52.16% de la oferta mexicana total, lo que constituye una importante exposición a las oscilaciones de los mercados internacionales. Nuestros intercambios siguen con déficit. Nuestras exportaciones de 450 mil 572 millones de dólares, comparadas con importaciones de 464 mil 276 millones de dólares, dejaron un saldo negativo para 2018. Estudios hechos en la UNAM precisan que un punto porcentual de variación en el valor del comercio exterior se traduce en 0.44 puntos del PNB.
La producción industrial trabaja a bajo rendimiento. Con 22.7 millones en el sector formal la creación de nuevos empleos está muy por abajo de la necesaria para absorber el sector informal que representa el 56% de la mano de la población económicamente activa. Los micronegocios ocupan el 45% de la mano de obra disponible; los pequeños, 16%; los medianos emplean el 18%, mientras que las grandes empresas el 22 por ciento.
La industria simple
Nuestra industria manufacturera aporta arriba del 18% del PIB. Más del 50% del sector se destina a la exportación donde un alto porcentaje lo conforman artículos ensamblados o maquilados de insumos extranjeros.
Unos 2.7 millones de trabajadores se encuentran empleados en las maquiladoras. El valor agregado por concepto de mano de obra se calcula en 25%. Si se suman otros insumos nacionales, el valor agregado total puede ser alrededor de 40%, que es insuficiente para que la industria crezca y cree más del millón de puestos formales que cada año se necesitan. Las ensambladoras y maquiladoras transforman solo una parte del potencial productivo nacional. Es exagerada la brecha entre las cifras de lo que se exporta y el valor de su contenido nacional. Las estadísticas de exportación ocultan una producción en realidad muy menor.
En efecto, en las exportaciones el valor agregado por la mano de obra nacional es un promedio de 25% y sumando insumos estructurales el valor nacional puede llegar a 40% que, como antes se ha dicho, no llega al suficiente efecto multiplicador de empleo al ritmo requerido de más de un millón de puestos formales anuales.
Por mucho que las nuevas industrias automotrices, aeronáuticas o electrónicas sean prominentes por sus ventas al exterior no superan la fase de “armar ajeno”. Continúa nuestra inferioridad industrial. Urge aumentar al máximo posible los insumos del país, aumentar la derrama salarial, cubrir la demanda interna e integrar una oferta exportable y competitiva.
La tarea
La visión oficial, al igual que en los sexenios inmediatamente anteriores, deja exclusivamente al productor la tarea de ampliar el mercado nacional o extranjero. La consigna de austeridad eliminó entidades como ProMéxico, las oficinas en el exterior de la Secretaría de Economía y la adscripción de los consejeros comerciales. El exportador ha de vencer sin apoyo oficial la ruda competencia que anida en los complejos y sinuosos mercados mundiales. Sube así la importancia de los acuerdos comerciales.
Los acuerdos comerciales
Aproximadamente la mitad del comercio mundial se mueve a través de tratados comerciales bilaterales y regionales. Los que a lo largo de las últimas décadas firmó México, son parte insustituible de nuestra estrategia de desarrollo al abrir mercados a nuestros productos a cambio de reducciones aduaneras otorgadas en reciprocidad. Las rebajas tarifarias del Sistema General de Preferencias creado por la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 1971 también fueron elementos para realizar nuestras ventas al exterior.
México ha suscrito 14 Tratados de Libre Comercio con 52 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).1
También participamos en organismos multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la ALADI y el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico.
El balance
El resultado neto ha sido insuficiente. El déficit general del comercio exterior en 2018 fue de 13 mil 704.4 millones de dólares, 26% mayor que el de 2017. En el período 1993-2018, según Arnulfo Gómez, el saldo negativo acumulado precisamente de los acuerdos en vigor sumaba 844 mil 535 millones de dólares. En el caso de los cinco países del CPTPP la balanza comercial ha sumado 15 mil 450 millones de dólares en el período 1993-2018. De igual manera, en los seis primeros meses de 2019 la balanza comercial arroja un déficit total de 7 mil 066 millones de dólares, correspondiente a Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. El único país con el que se registró un saldo positivo fue Brunéi.
Los desbalances que, con excepción de los intercambios con Estados Unidos, aquejan desde muchas décadas atrás al comercio exterior, representan un desperdicio de recursos humanos y materiales. La explicación de este comportamiento en mucho se debe a la cantidad de acuerdos que no responden a ningún plan preestablecido. No hubo más criterios para suscribir los acuerdos en vigor que acercamientos políticos, a veces solo circunstanciales, o el empeño por abrir un determinado mercado; ambos casos sin suficiente evaluación previa. Es clara la falta de una política de comercio exterior que ocupe su lugar dentro de un programa de desarrollo nacional.
Acuerdos comerciales equitativos
Los acuerdos que se suscriban deben partir de la buena fe y sus éxitos expresar equidad. A veces se dan casos en que la importación de un producto negociado excede la cuantía prevista al grado de afectar la sustentabilidad de la operación y la seguridad laboral de una empresa o una industria, e incluso amenaza su misma supervivencia.
Situaciones en las que se desbordan las previsiones controlables, hay bases para abrir consultas para ajustar las importaciones a un nivel que respete el ánimo de equidad que inspiró el acuerdo. Esas consultas también modificarían la aplicación de tarifas o cuotas, fijación de precios de referencia u otros elementos no arancelarios. El texto de tal eventualidad debe figurar en los acuerdos que México suscriba.
Sustitución de importaciones
En el curso de su desarrollo, todos los países avanzados han sustituido importaciones para promover el desarrollo de industrias y tecnologías básicas. Dicha protección a actividades consideradas críticas o socialmente necesarias continúa hoy en día. Aparece en la decisión de Estados Unidos de proteger su “seguridad nacional” o en el empeño por recuperar las fábricas que han migrado a México. La campaña “Make in India” lanzada desde Nueva Delhi es otro caso vigente.
Los convenios comerciales bilaterales y regionales deben cuidar la integridad de las áreas productivas y los recursos que forman el potencial de desarrollo del país. Esta cuestión guarda relación con el aumento del contenido nacional de los productos mexicanos que puede implicar sustituir insumos importados con los de cultivo o fabricación nacional.
Costos industriales y dumping
Debemos cuidar la marcha normal de nuestras actividades y nuestros niveles de empleo. El lanzamiento al mercado mexicano de un producto importado a precio inferior de su venta al público en su país de origen, o hasta a precio inferior a su propio costo de fabricación, llamado dumping, contraria los principios del comercio internacional justo y da bases para que, a petición de la empresa mexicana afectada, la Secretaría de Economía inicie los procedimientos para fijar los impuestos compensatorios que correspondan.
La gravedad de lo anterior es mayor cuando el precio de venta del producto importado es inferior al costo mexicano de fabricación. Allí la posibilidad de competir en su propio mercado es nula y la teoría económica clásica dejaría al producto importado como única alternativa para el cliente mexicano.
En el caso aludido, es probable que los altos costos de producción en México se deban a factores nacionales estructurales como los precios de insumos industriales locales, servicios eléctricos de gas o agua, impuestos especiales a la producción, cargas municipales o el alto costo del crédito bancario. Así, los costos mexicanos totales superan el precio al público del artículo importado.
Hay, sin embargo, razones de índole social (como mantener el nivel de ocupación en una planta o industria, o bien la de integrar un desarrollo nacional equilibrado y participativo) que justifican la acción de la autoridad para establecer el equilibrio de precios fijando, por ejemplo, uno de referencia (oficial) y la creación de una fracción arancelaria específica. Con esa nivelación de condiciones los acuerdos comerciales podrán cumplir su propia función.
Industria de componentes y las pymes
Los tratados económicos no deben limitarse al intercambio de productos terminados, también debe contemplarse la parte extranjera para favorecer la creación de nueva producción en nuestro país capaz de atender la demanda local y la de exportación. A este efecto hay que ofrecer, como se hace en otros países con los que competimos, facilidades administrativas, financieras y logísticas a nivel estatal y municipal. Las entidades que conforman el gobierno deben preferir, como norma en igualdad de condiciones, productos fabricados con un alto contenido nacional.
En relación con lo anterior, en 2018 la industria manufacturera importó 355 mil 297 millones de dólares de bienes intermedios de todo tipo, que luego se incorporaron en 78% de las exportaciones de 450 mil 684 millones de dólares.
Los componentes mexicanos dentro de los artículos terminados son en promedio 27%. El porcentaje sube a 40% si se añaden los demás insumos nacionales. Sustituir los componentes actualmente importados abre vastas oportunidades para las pymes que son 95% de los cinco millones de unidades económicas nacionales. A su vez, el comercio mundial de componentes vendidos a las industrias de terminados crece rápidamente desde el 12% que representaba hace diez años. El margen por cubrir con piezas e insumos nacionales puede representar al menos 18 mil millones de dólares al año.
Hay que aumentar el valor agregado mexicano en la industria que oscila, según sea el sector, entre 23 y 47 por ciento, y como promedio un 30%. La CEPAL comenta que su escaso margen no basta para sumar las exportaciones al nivel de crear los empleos que se necesitan.
El 40% del PIB lo aporta la industria de manufacturas y a su vez el 43% se destina a la exportación. Esta, por cierto, se concentra en un reducido número de productos. En 2018 los 50 principales representaron 52.16% del total.
Las exposiciones, sector por sector, que la Secretaría de Economía puede programar mostrarían los miles de insumos y componentes que plantas maquiladoras y ensambladoras nacionales y extranjeras están importando y que pueden fabricarse en México.
Estados Unidos, el socio vecino
La presencia de Estados Unidos en el comercio mexicano es predominante a lo largo de nuestra historia. De 62% de nuestras exportaciones se dirigieron a ese país en 1976 y llegaron a más de 80% en 2018. Entre 1993 y 2018, el comercio bilateral creció 650%. Para ese país somos el segundo mercado en importancia y un socio comercial de primera importancia.
México representa 6.3% de sus importaciones y 15% de su comercio total. En 2018 las exportaciones de 361 mil 197 millones de dólares superaron las importaciones en 13 millones de dólares.
El presidente estadounidense inició su administración calificando como intolerable el déficit de su intercambio comercial con México y prometiendo remediar tal desbalance. Si las estadísticas confirman nuestra superioridad en dicha cuenta bilateral. Si deducimos de las exportaciones de México el valor de los componentes de origen estadounidense que integramos a los artículos terminados que enviamos a ese país, el superávit se desvanece y se evidencia el débil contenido nacional de nuestras exportaciones.
Durante los 26 años de vigencia del TLCAN, la fisonomía económica y social del mundo cambió en muchos aspectos. El T-MEC que lo sustituirá en julio de 2020, contiene disposiciones menos favorables en varios aspectos como las proporciones del contenido regional, las condiciones laborales y niveles salariales, así como los mecanismos para solución de controversias y vigencias para farmacéuticos. Entre ellas, figura la cláusula 32.10, que obliga a los miembros a informar, al menos con tres meses de anticipación, el inicio de negociaciones de un tratado comercial con un país que no sea de libre mercado. La razón expresada en el T-MEC es que la región de América del Norte está altamente integrada por las cadenas productivas de las cadenas globales de valor. Se trata de mantener el nivel de integración del comercio intrarregional.
En 2019, la inversión de Estados Unidos en México fue de 12 mil millones de dólares, equivalente a 37% de la inversión extrajera total. Es de notar que el presidente Trump proclamó un fuerte nacionalismo como política central y subrayó su preferencia por la negociación bilateral, a diferencia de México, que prefiere los marcos multilaterales.
Conclusiones
Los acuerdos comerciales son un instrumento para mejorar los niveles de vida para todos los mexicanos. Debidamente ejecutados, son parte de la estrategia de estímulo y diversificación de la economía.
Dichos acuerdos enlazan nuestro desarrollo al de economías de otros países y deben regirse con principios de equidad y beneficios mutuos. Contribuyen como elemento importante para fortalecer la presencia de México en el mundo.
La competencia internacional se da no solo entre productos, sino entre condiciones laborales, reglas de origen y paridades monetarias.
La gradual desaparición de la era petrolera abre una nueva etapa en la evolución del comercio internacional, que nos obliga a diversificar productos y mercados, y a fomentar acuerdos que incorporen recursos naturales hasta ahora desperdiciados.
Los acuerdos comerciales no se limitan al intercambio comercial; sirven para atraer inversiones y tecnologías extranjeras para crear nuevas producciones y aumentar el contenido nacional del producto mexicano, valiéndose de la racionalización y sustitución de importaciones.
La defensa de los sectores agrícolas, industriales y terciarios se atiende en los acuerdos, para que sigan siendo prioridades del desarrollo nacional con medidas administrativas y financieras.
Si la ejecución de un acuerdo comercial distorsiona la equidad o altera la normalidad de la operación de una industria o la estabilidad laboral, deben iniciarse consultas entre los signatarios para restituir la equidad perdida.
El comercio mundial de componentes para las industrias de terminados crece rápidamente, haciendo de este rubro de fabricación un muy importante espacio para las pymes mexicanas. Es conveniente especializar a algunas pymes en la fabricación y abastecimiento de plantas que arman productos finales. Las pymes pueden promover avances en las tecnologías digitales mundialmente extendidas.
La concentración de las exportaciones mexicanas en pocos productos aumenta la exposición de nuestro comercio exterior a las oscilaciones de los mercados externos y reduce el índice multiplicador de la exportación en el PIB. Las entidades que conforman el gobierno deben preferir comprar productos fabricados en México.
Al absorber el mercado estadounidense la mayor parte de nuestras ventas, se diluyó la diversificación de nuestras relaciones económicas internacionales. La entrada en vigor del T-MEC no es la única perspectiva para el sector privado que se ha inclinado por ver en el mercado de Estados Unidos su única oportunidad comercial. Se espera de los empresarios la realización en hechos de sus frecuentes declaraciones en favor de la diversificación de sus operaciones.
El T-MEC remacha la integración de México al bloque geoeconómico de Norteamérica. El respeto, sin embargo, a nuestros valores socioeconómicos tradicionales y culturales debe prevalecer sobre las cadenas globales de producción. Los organismos privados como anierm, Comce y Coparmex forman mancuernas gobierno-empresas indispensables para dinamizar el desarrollo dentro del esquema de democracia.
La Secretaría de Economía debe contar con un Consejo Consultivo de composición mixta que estudie y proponga estrategias de desarrollo de acuerdo con criterios de desarrollo nacional inclusivo. Las entidades que conforman el gobierno deben preferir comprar productos fabricados en México.
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1 . La relación de acuerdos comerciales suscritos por México está disponible en <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1883/Cuadro_de_Acuerdos_y_Tratados_Comerciales_de_Mexico.pdf>