¿Cuál debería ser la prioridad de los gobiernos frente a la crisis actual: el pronto retorno a la normalidad o la transición hacia una economía ambiental y socialmente más sustentable?

Es una cuestión compleja porque toca diferentes planos. Abordo primero la cuestión de las crisis sanitaria y económica. La prioridad debe ser el control de la pandemia: un requisito indispensable de la recuperación económica sostenida; pero mientras eso no se consigue, debemos movilizar el máximo de recursos públicos disponibles con dos propósitos principales: proteger a los sectores más vulnerables de la población —lo que en el gobierno de España llamamos el “escudo social”—, asegurándoles los ingresos necesarios para resistir el tirón y, en forma simultánea, proporcionar respiración asistida a las empresas para que estén en condiciones de retomar el paso una vez que se supere la emergencia sanitaria.

No hay que tener miedo al uso de recursos públicos. La buena noticia es que, comparada con la crisis financiera de 2008, la actitud de las instituciones europeas es muy diferente. Ya no tenemos que lidiar con una ideología de la austeridad que nos esté imponiendo recortes en el peor momento. Ahora sí se está entendiendo que hace falta destinar recursos públicos para atender a la población vulnerable y mantener vivo el tejido productivo. Eso nos permitirá resolver la crisis sanitaria y hacerlo con el menor costo social posible.

La segunda parte de la pregunta tiene que ver con el escenario pospandemia. Como punto de partida tenemos que reconocer las deficiencias que aquejan a la economía planetaria. Algunas son graves y de carácter estructural; otras, como las relacionadas con el medioambiente, incluso suicidas. El caso es que la crisis sanitaria se ha erigido como un catalizador de crisis que llevan décadas tocando nuestra puerta: la de las desigualdades, la de los derechos civiles, la del medioambiente, la del sistema de cuidados. Desde el movimiento feminista llevábamos años denunciado las múltiples carencias del sistema de cuidados. El parón repentino de la economía y la disponibilidad de recursos públicos para reactivarla, nos brindan la oportunidad de reorientar los patrones de producción y de consumo hacia modelos más sustentables, tanto en lo ambiental como en lo social con dinámicas que sienten las bases de una distribución más racional y equitativa de los recursos.

El consumo es una de las variables más sensibles y de las que más repercusiones tiene en la eventual trayectoria de la crisis económica, ¿qué medidas se están tomando para protegerlo?

En principio están presentes todos los elementos para generar una espiral recesiva; no obstante, a diferencia de crisis anteriores, ahora sí estamos utilizando la palanca fiscal. Mediante los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o ERTES, por ejemplo, estamos inyectando recursos públicos para que las empresas sigan pagando los salarios y contener, así, la caída del consumo privado y sus efectos más adversos. El fundamentalismo de mercado, que rehúsa a apoyar a las empresas en tiempos difíciles, afortunadamente ha sido superado en Europa tras los resultados desastrosos que dejaron las políticas de austeridad instrumentadas en la crisis de 2008.

En el marco de esta revisión obligada de políticas e instrumentos: ¿qué reformas requiere el sector financiero? Usted ha llamado la atención sobre la financiarización y sus efectos adversos para el desempeño de las economías.

Si se mira en perspectiva, el peso del sector financiero es ahora considerablemente mayor que en el pasado y no solo en términos cuantitativos sino, destacadamente, en términos cualitativos. El hecho es que se vale de esta mayor importancia relativa para imponer su lógica y dinámica al resto de los mercados y a una canasta muy amplia de bienes, incluso a aquellos de primera necesidad como es el caso de la vivienda. España ha sido escenario recurrente de burbujas inmobiliarias, donde la vivienda se vuelve objeto especulativo con efectos funestos desde el punto de vista social y económico. Si se revisan los “años dorados” de la economía española, entre mediados de los noventa y 2007, se ve que la supuesta cara amable de la financiarización no es sostenible porque genera espirales de deuda que, antes o después, terminan estallando, y cuando lo hacen provocan más destrucción económica y precarización social.

Dado el peso del sector financiero, ¿qué papel tienen los bancos de propiedad o participación estatal en la reorientación del modelo económico?

Me parece algo fundamental. Contrario a lo que cabría esperar, conforme el sector financiero privado cobra mayor relevancia, su vulnerabilidad se hace más evidente. Su proclividad a realizar operaciones de alto riesgo e incapacidad para practicar la autocontención, tienen en jaque a la sociedad entera por sus profundas repercusiones en el desempeño del resto de los sectores económicos. Su historia reciente corrobora la necesidad de un sector financiero público que no solo atienda beneficios privados de corto plazo, sino que coloque recursos con horizontes temporales más amplios y con criterios sociales, ambientales o de reestructuración productiva. Su importancia es cada vez más evidente.

¿Cómo pueden los gobiernos utilizar el crédito para ampliar las capacidades productivas, especialmente de pequeñas y medianas empresas?

Depende mucho de la situación de cada país, de su estrategia de desarrollo y de su política industrial. En todo caso, la clave está en que la existencia de banca de desarrollo abre esta posibilidad. Es una caja de herramientas que, de otra forma, no tendríamos. El financiamiento es una herramienta fundamental para la prosperidad de las economías.

En algunas entrevistas usted ha señalado que el comercio electrónico tiene un impacto negativo en el medioambiente.¿Podría compartirnos más sobre el tema?

No se trata de estigmatizar al comercio electrónico, una modalidad que nos abre muchas oportunidades positivas tanto a las empresas productoras como al público consumidor. Se trata de revisar nuestras pautas de consumo e incorporar prácticas más sustentables. Tomar conciencia de que desde el momento en que formalizamos la compra con un clic y hasta la entrega del paquete —en algo que parece tan limpio e intangible— hay una carga considerable de materiales y residuos, y la presencia de modelos laborales precarios.

Tuvimos una primera fase de la globalización que fue mucho más material y tangible; el movimiento de las mercancías y la gente era más que evidente. El peligro con la fase digital de la globalización es que, su intangibilidad, nos da una falsa percepción de limpieza. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo más grande para visibilizar sus costos ambientales y que formen parte de nuestro imaginario. Hay una tarea pedagógica incluso más grande que con el modelo anterior.

Alrededor de un tercio de las compras electrónicas que efectuamos se devuelven, un dato revelador del carácter impulsivo de buena parte de estas adquisiciones. Por tanto, sin dejar de reconocer las virtudes del comercio electrónico, en el Ministerio de Consumo optamos por hacer conciencia sobre sus efectos ocultos y apostar más por el comercio de proximidad. Consumir los productos que se generan en la zona donde habitamos favorece el arraigo de la población y tiene un impacto ambiental menor.

Un ejemplo: durante los meses duros de confinamiento en España las compras en línea se dispararon, pero también lo hicieron las compras locales: el consumo de barrio. En parte por la comodidad, pero también porque ha surgido cierta conciencia de la vulnerabilidad de esos comercios, de la solidaridad y del sentido comunitario de pertenencia. Depende de nosotros que en nuestro barrio sobrevivan los negocios. Desde el Ministerio de Consumo queremos potenciar ese sentimiento que va en el sentido de la reorientación del modelo productivo y de comercio.

¿Sobre qué bases habría que plantear la reconstrucción del actual modelo económico?

La historia está plagada de errores que a su vez constituyen un catálogo de enseñanzas. Ahora resulta evidente que los derechos civiles y de las minorías son prioritarios, no subordinables a otros supuestos objetivos superiores. Sabemos que la dimensión medioambiental no se puede postergar, que tiene que estar en la matriz de decisiones desde el principio. Sabemos que el diseño del desarrollo económico, por óptimo que parezca, no puede sacrificar la democracia. Esto complejiza el modelo a seguir porque tiene que considerar múltiples dimensiones, así como un trabajo pedagógico y de persuasión para que el cambio social se convierta en un anhelo colectivo. No hay otro camino.

¿Cuál es su perspectiva de los tiempos por venir: se siente optimista o pesimista?

Hemos enfrentado muchas dificultades, pérdidas y dolor, pero me siento relativamente optimista. Tenemos la oportunidad de emprender una gran transformación y hacerla sobre bases más positivas, más equitativas e incluyentes, con un modelo productivo sustentable. No es la misma frustración de la crisis de 2008, cuando en medio de la hecatombe económica, veíamos que el esquema mental y la caja de herramientas se reducía a la austeridad, que no era otra cosa que echarle más leña al fuego. Lo único que salía de los consejos de ministros eran recortes. La política estaba aumentando el desempleo. Ahora, el optimismo viene de que tenemos instrumentos para paliar la crisis y la convicción de que podemos construir un mundo mejor.