¿Qué tan contaminante es hoy la generación de energía eléctrica en el país?

México era un país rico en combustibles fósiles; en el pasado, el petróleo, junto con el combustóleo, el diésel y sus derivados, jugaba una parte muy importante en la matriz de generación energética. Eso se ha ido revirtiendo en los últimos años: el uso de combustóleo y diésel en la generación de electricidad disminuyó de 50 a 15 o 17 por ciento.

En los últimos años ha habido una política deliberada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de sustituir la generación basada en combustóleo y diésel por otra basada en gas natural, que es mucho menos contaminante y más económica. Se invirtieron los papeles: hace una década más del 50% de la electricidad era generada por combustóleo, y ahora más del 50% lo es por gas natural.

Pero el gas natural produce también gases de efecto invernadero (aunque mucho menos que el combustóleo o el diésel). Por eso es tan importante la incorporación de energías limpias, destacadamente las renovables, como la eólica o la solar, que en México han estado todavía muy rezagadas, pero que se usan cada vez más.

El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, que publicamos el año pasado, estima que en los siguientes 15 años un 55% de la generación que se adicione va a estar basada en gas natural, y el resto fundamentalmente en energías limpias, incluyendo las renovables.

¿Cuál es la estrategia y el ritmo de esta transición a tecnologías y combustibles más limpios?

Las leyes que se emitieron en 2008, particularmente la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), establecían la meta de que en 2024 el 35% de la generación fuera limpia. Cuando se publicó la Ley de Transición Energética (LTE) a finales del año pasado, se repitió esa meta, pero se establecieron dos metas intermedias: un 25% para el 2018 y un 30% para el 2021. Hoy andamos por el 20% aproximadamente. Entonces, es importante que nos fijemos una trayectoria porque, cuando las obligaciones están muy lejos en el futuro, es fácil que se dejen hasta el final las medidas para cumplir con ellas. Lo que tenemos son metas muy acotadas y alcanzables.

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece un mecanismo que se usa en muchos países y que es una de las buenas prácticas para impulsar la generación limpia: un mecanismo que en otras naciones se llama RPS (Renewable Portfolio Standards), un portafolio de energía limpia que es vinculante.

El gas natural produce también gases de efecto invernadero, aunque mucho menos que el combustóleo o el diésel

 

Se trata de un mecanismo por el que a todos los suministradores, a todos los que consumen energía eléctrica, ya sea para revenderla a sus clientes finales o porque son usuarios en el mercado, se les obliga a que un porcentaje de su energía la compren de fuentes limpias y que lo acrediten mediante un instrumento llamado certificado de energía limpia (CEL). Se aplicó por primera vez el año pasado.

Para 2018, el requisito se estableció en 5%, que es lo que se necesita para cumplir con el 25% que está previsto. Se señala en el mecanismo que cada año se establecerá el requisito para tres años después. Recientemente subimos a la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) la propuesta del requisito para 2019.

Para facilitar el cumplimiento de la obligación, se prevé una buena práctica internacional: hacer subastas en las cuales el suministrador del servicio básico adquiere los certificados y la energía limpia que necesita para cumplir el requisito dentro de un plazo de tres años. Así, a finales de noviembre del año pasado la CFE convocó a su primera subasta de energía limpia y CEL, con la cual va a adquirir la energía limpia que requiere para cumplir en 2018. Allí se cierra la pinza: se hace la subasta, los desarrolladores van, ofrecen la energía limpia, los certificados, y de esa manera el suministrador del servicio básico, que atiende al 90% de quienes demandamos energía, cumple con el requisito. Esos mismos desarrolladores podrán ofrecer energía limpia y CEL a terceros, a otros usuarios que estén obligados a cumplir con ese requisito.

Así, por un lado está la obligación, pero por otro también la oferta de la energía limpia que requerimos. El nivel de participación en la primera subasta fue muy alto: hubo más de 100 visitantes y más de 500 ofertas técnicas.

Tenemos confianza en que va a ser un proceso exitoso, en que este nuevo mercado que estamos creando de CEL muy pronto tendrá liquidez y podrá ayudar a que todos los participantes cumplan con la obligación que estamos estableciendo.

¿Cómo va a ser financiado este proceso?

Hay una participación importante de la banca de desarrollo, tanto de Nacional Financiera como de Bancomext, que tienen programas especiales para financiar proyectos de energía limpia; el Banco Interamericano de Desarrollo también los tiene. Estas instituciones son las que tradicionalmente han estado apoyando los proyectos de renovables en el pasado.

Bajo la nueva ley, uno de los temas a resolver era, precisamente, que los diferentes desarrolladores de proyectos tuvieran acceso a crédito. Había bancos como Santander que ya tenían también programas enfocados a este sector. Pero en general, no se sabía si los desarrolladores iban a tener el respaldo de las instituciones financieras para realizar los proyectos. El número que mencionamos hace rato de más de 100 licitantes que participaron en la subasta nos muestra que el contrato que se diseñó era uno que permitía hacer bancables los proyectos.

El papel de la generación privada, al igual que el de la pública, es crucial

 

Hay dos o tres empresas que pueden poner su hoja de balance y comprometer sus propios recursos, pero la mayoría son empresas que tuvieron que ir primero con una institución financiera para estar seguras de que iban a poder participar y ofrecer su energía limpia o la que desarrollarían en el lapso de los siguientes tres años.

¿Cuál es el papel de la iniciativa privada en este proceso? ¿Cómo promueve la LTE la inversión extranjera?

El papel de la generación privada, al igual que el de la pública, es crucial. Del lado público, tanto la CFE como Pemex tienen mucho potencial para desarrollar proyectos de generación. La gran diferencia a partir de la reforma energética es que hoy ya no hay un jugador dominante con un espacio acotado para los otros participantes; estamos ya en un ambiente de mercado donde la CFE perdió sus ventajas, a raíz de la reforma, y quedó como un jugador que tiene que competir en términos de igualdad y piso parejo con los demás. Este es un entorno que es mucho más atractivo para los inversionistas privados, porque uno de los temores cuando entran a cualquier mercado es si van a tener que competir con un gigante que tiene ventajas.

Entonces, sí vemos una participación muy vigorosa de proyectos privados en los siguientes años. ¿Qué elementos lo facilitan? Uno, la creación del mercado, el hecho de que todos los procesos de adquisición de energía ya son competitivos. Esta subasta es un buen ejemplo: en el modelo anterior, la CFE hubiera desarrollado su propio proyecto y hubiera vendido su energía a los usuarios del servicio básico sin un proceso competitivo. Ahora se abre una subasta y la CFE adquiere la energía del que se la ofrezca, puede ser Pemex o la propia CFE, pero también un extranjero o un nacional. Ganará el más barato, el que ofrezca el producto más competitivo para beneficio de la propia CFE en su papel de suministrador.

En el futuro del sector vemos mucha participación todavía de la C y Pemex, pero bajo condiciones de competencia y con un crecimiento muy importante de jugadores privados nacionales y extranjeros. Pocos mercados ofrecen ese potencial de crecimiento combinado con seguridad jurídica; caben el crecimiento de las empresas públicas tradicionales y el crecimiento de nuevos jugadores privados nacionales y extranjeros.

¿Cuál sería el impacto de esta transición energética en la economía mexicana? En ciertos sectores empresariales se ha hecho la crítica de que un aumento en los costos puede detener el crecimiento y afectar con ello la competitividad.

Nosotros hicimos una serie de cálculos y estimaciones, y lo que vemos es que la transición energética no es en los años próximos un elemento que le reste competitividad al sistema o que aumente sus costos. Al contrario, lo que vemos, primero, es un efecto de diversificación de la matriz energética que reduce la vulnerabilidad del país a cambios en los precios de los combustibles fósiles. En gas natural hoy somos muy afortunados de tener precios de tres dólares o menos, a veces, por VTU, pero hace 10 años llegamos a ver precios mucho más altos. Y los mercados de hidrocarburos no tienen palabra de honor, como se ha visto con los precios del petróleo: pasamos de 100 dólares por barril en el arranque de la administración a precios como los que tenemos hoy. En gas, lo que se ve en Norteamérica en general es que se están desarrollando muchísimos proyectos de licuefacción, y realmente hay este diferencial de precios con Asia y Europa, lo que estimula que se busque exportar ese gas a lugares donde tienen un precio mucho más alto.

Tener un portafolio de energía limpia le conviene al país

 

Pero no podemos dar por sentado ese entorno. Somos afortunados porque seguramente tendremos muy buenos años de precios bajos de gas, mas no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Tener un portafolios de energía limpia le conviene al país; equivale al seguro contra daños a terceros que compra el automovilista. Probablemente el conductor es muy bueno y no le sucederá nada, pero si algún día tiene un accidente, ese seguro le va a ayudar. Si algún día los precios de los hidrocarburos repuntan, esa parte de nuestro portafolios de generación que consista en energía limpia —que tiene costos variables básicamente cero porque el sol y el aire son gratis— va a ser muy bueno tenerla.

Otro factor que nos ha resultado muy relevante para estimar los costos es que todavía una quinta parte de la planta de generación se basa en combustóleo y diésel. Pero puede crecer tanto la generación basada en gas natural como la basada en energías limpias, renovables, al menos por una década más, sin afectar marcadamente los costos, porque lo que vamos a estar desplazando es generación muchísimo más cara. Para ponerlo en números, cumplir con la meta de 2018 en las estimaciones que hicimos no tiene un impacto en costos del sistema, y para 2024 tendrá un impacto de entre dos y tres por ciento, que es poco.

Además, si pensamos que también es un seguro de largo plazo contra variaciones en los precios, no resulta un costo; al contrario, lo podemos ver como una inversión.

Esos horizontes van a depender mucho de la evolución de los costos de las energías limpias. Pero yo creo que no es una mala apuesta del país en términos de costos, de competitividad y, por supuesto, de medio ambiente.

Estoy convencido de que el gran objetivo de la reforma eléctrica es darle competitividad al país: esa es la contribución. Esa competitividad está basada en esquemas de mercado, que armamos con los instrumentos que se usan en el mundo (mercados de corto plazo, subastas de largo y mediano plazos, de derechos financieros de intervención). En México, estamos poniendo en operación las mejores prácticas, las cuales además son compatibles con esa competitividad y esa transición energética que también es importante para el país. Al final de esta administración, vamos a tener todo en operación, y México se va a parecer mucho a los países avanzados en esta materia.