El reto —inscribir de lleno a esa regio?n en el siglo XXI, sin menoscabo de su riqueza social, cultural y natural— implica inversiones, simplificaciones administrativas, visio?n global. En las pa?ginas que siguen, los detalles.
Las zonas económicas especiales (ZEE) son áreas delimitadas dentro de un país, económicamente deprimidas o desatendidas, donde las reglas de los negocios son más abiertas, para remontar las barreras que impiden la inversión, capitalizar su potencial y cerrar las brechas regionales, con un horizonte de comercio exterior. En el caso de México, la apuesta es “democratizar la productividad a nivel regional, para que los habitantes del sur tengan las mismas posibilidades de desarrollo que los del resto del país”, apunta el documento Zonas económicas especiales: Aspectos relevantes de la iniciativa de ley aprobada (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, mayo de 2016), el cual glosamos.
Las ZEE fueron creadas hace más de medio siglo y han recibido diferentes denominaciones: zona de libre comercio, zona franca industrial, zona franca o maquiladora. La primera surgió en el aeropuerto de Dublín, Irlanda, en 1959. El auge ocurre en la década de los ochenta. La Organización Mundial del Trabajo reportó, en 1986, 178 zonas en 47 países, y para 2006 se contaban tres mil 500 en 130. Las más relevantes se ubican en Asia, donde destacan China (véase Data) y Corea del Sur, con ocho zonas francas en etapa de construcción. En vecindad con México, en América Central destacan República Dominicana (51), Nicaragua y Honduras (24 cada uno) y Panamá (14).
El 29 de septiembre de 2015, el Gobierno federal envió al Congreso la iniciativa de las zonas consideradas prioritarias para impulsar el desarrollo de las regiones más atrasadas en México: Tapachula, Chiapas, el corredor Interoceánico —Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca—, y Lázaro Cárdenas, Michoacán. La iniciativa se debatió y aprobó el 14 de diciembre y fue enviada al Senado, que la aprobó el 14 de abril de 2016, con 16 modificaciones —una de las más relevantes, que las zonas se ubicasen entre las 10 entidades con más índices de pobreza extrema—. El Ejecutivo federal firma el decreto de ley que se publica el primero de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.
Lo que sigue es, por una parte, el anuncio de la Comisión Intersecretarial que coordinará las políticas, estrategias y acciones de las ZEE, que será integrada por la SHCP —que la preside—, Segob, Sedesol, Semarnat, Sener, SE, Sagarpa, SCT, Función Pública, sep, stps, Sedatu, IMSS, Conacyt y otras dependencias y entidades que defina el presidente. Por la otra, el Convenio de Coordinación entre los niveles federal, estatal y municipal, que deberá ser aprobado por los legislativos locales y los ayuntamientos. En ese momento iniciarían las operaciones de las ZEE.
Las zonas serán delimitadas geográficamente a través de una poligonal y serán unitarias —un conjunto industrial con un administrador integral— y por secciones —varios conjuntos dentro del polígono, con un administrador por cada uno—. Del mismo modo se delimitará el área de influencia, correspondiente a las entidades y municipios que se beneficiarían. Entre otras disposiciones, destaca la Ventanilla Única en cada ZEE para simplificar la tramitología (véase Data).
El Programa de Desarrollo, destaca el documento, deberá revisarse cada cinco años para, de ser necesario, ajustarse. En tanto, el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social realizará informes anuales y, de requerirse, emitirá recomendaciones. Los Consejos Técnicos, instancia intermedia entre la SHCP y el Administrador Integral de cada zona, las tomarán en consideración. Los consejos estarán integrados con tres representantes de instituciones de educación superior o de capacitación técnica, tres del sector empresarial, tres de los trabajadores de las empresas ubicadas en las zonas, más un invitado por cada una de las siguientes partes: el Gobierno federal, el poder ejecutivo de cada entidad, los municipios de las áreas de influencia, el administrador integral, los inversionistas y la sociedad civil.
Los avances empiezan a palparse. Lo constata la revisión de Comercio Exterior a través del testimonio del titular de la Autoridad Federal para las ZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani, del gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa y del coordinador de la ZEE de Veracruz, Miguel Rolón García. Lo mismo ocurre en otras entidades. En “Seguimiento a la instrumentación de las zonas económicas especiales” (Mirada Legislativa, Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez. núm. 124, abril de 2016), Carla Angélica Gómez Macfarland incluye, entre otros aspectos, información al respecto.
En Yucatán la apuesta es la ZEE de Nicho en Puerto Progreso. El Gobierno estatal ya donó 300 hectáreas, y trazó expectativas: más de 30 mil empleos en un lapso de 20 años, lo que incrementaría de 4% a 28% la participación del sector de ciencia y tecnología en el pib estatal.
En Chiapas, Puerto Chiapas propiciará 16 proyectos de transporte, logística y energía: dos centros logísticos, uno del sector ferroviario, tres del carretero y nueve del portuario. Para realizarlos, se estima una inversión de 11 mil 300 millones de pesos en un lapso de 10 años. En Campeche, la zona de los municipios de Champotón y Carmen será un detonador de la reforma energética, junto a otras vocaciones: agroindustria, energía, maquinaria y equipo, industria naval y de astillero. La ZEE de Tabasco busca establecerse en el Puerto de Dos Bocas, orientándose hacia el sector de transformación de materias primas para la industria energética, aprovechamiento de biomasa y aceite de origen vegetal para la producción de energía, entre otros. En Guerrero, el horizonte es Puerto Unión. En el futuro, Hidalgo es considerado por su potencial textil y Puebla por lo que puede aportar en el sector autopartes.
Llegó la hora del sur de México.